España defiende que la ONU se implique en Venezuela para evitar el conflicto armado

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España defiende con ahínco la opción más sólida que promueve la UE para evitar un desastre en Venezuela: la intervención de la ONU. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, abogó la semana pasada ante sus socios europeos por instar a Naciones Unidas a que adopte un papel más activo frente al riesgo de que este conflicto acabe en un enfrentamiento armado. La posibilidad de una mediación, que España abandera, aún no está madura, aunque es vista con buenos ojos por la propia jefa de la diplomacia europea.

La alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, ya mantiene contactos con el secretario general de la ONU, António Guterres, para desbloquear el aspecto menos controvertido de esta iniciativa: la entrega de ayuda humanitaria con el aval del organismo internacional.

La Unión Europea (UE) actuó siguiendo a Estados Unidos al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y ahora intenta retomar el liderazgo para desencallar la anómala coyuntura en que ha quedado el país. “La situación se ha bloqueado; estamos en un escenario que no era el que se previó”, señaló Josep Borrell tras la reunión de ministros de Exteriores que se celebró hace una semana en Bruselas. Dentro de la sala, el representante español insistió en que había que seguir apelando a Naciones Unidas para que se implicara en esta crisis, según fuentes conocedoras del contenido de esas conversaciones.

En el fondo, ese bloqueo deriva del malabarismo diplomático que tuvo que hacer la UE (con España a la cabeza) al avalar como presidente —con el encargo, eso sí, de convocar elecciones— a quien no ostentaba el poder real en el país. La medida alteraba la posición inicial del titular de Exteriores, pero el presidente, Pedro Sánchez, optó por ese reconocimiento singular tras observar el grave deterioro del país latinoamericano y la oleada internacional partidaria de aislar a Nicolás Maduro por la emergencia humana que afronta el país. Esa bicefalia en la posición del Gobierno se ha evidenciado también en un reciente episodio que demuestra el alto voltaje de la cuestión venezolana en política interna: el viaje del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas. La Moncloa mostró sorpresa al saber que Zapatero había aterrizado allí. Josep Borrell estaba al corriente, aunque no participaba de esos esfuerzos.

Con Zapatero y otros interlocutores relativamente amortizados, el grupo de contacto, formado por la Unión Europea y ocho de sus Estados —España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda, Suecia— y por tres latinoamericanos —Costa Rica, Ecuador y Uruguay— se ha convertido en el único con capacidad para acceder a las dos partes implicadas en el conflicto, según explican fuentes cercanas a la alta representante. Borrell acudirá este jueves a la reunión que el grupo de contacto celebra en Ecuador junto con sus homólogos del resto de países y bajo la presidencia de Federica Mogherini.

Los ministros tratarán de adoptar decisiones relativas a la entrega de ayuda humanitaria. Ese grupo de contacto ha pasado la semana desarrollando este aspecto y también explorando la posibilidad de convocar elecciones rápidas en el país, un aspecto mucho más incierto.

Pese a discrepar en los tiempos y en algunos métodos, el principal objetivo de España y de los países europeos implicados en este grupo es evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. En esa estrategia, han decidido empezar por lo más factible, la entrega de ayuda humanitaria, que quedó bloqueada el pasado 23 de febrero por el régimen de Nicolás Maduro al identificarla como un pulso que le planteaba Juan Guaidó. Si eso se logra, el grupo de contacto podría promover un proceso más ambicioso para la convocatoria de elecciones. España intenta que sea cuanto antes; el ministro Josep Borrell considera que el margen para evitar el peor escenario es cada vez más limitado.

La oposición aprovecha la ambigüedad

L.A.

España siempre se ha atribuido un liderazgo en la cuestión venezolana en Bruselas. Pero la necesidad de proyectar una imagen homogénea en el exterior choca con los enredos que provoca el tema en la política interna. Exteriores aceptó recibir a la persona que el presidente interino envió como embajador, Antonio Ecarri, pero no le concedió estatus diplomático —solo la ambigua mención de representante personal de Guaidó—. Ecarri se muestra agradecido por el trato, pero no oculta cierta frustración por no haber recibido ese estatus, que de momento no le ha dado ningún país, salvo Costa Rica y Panamá.

Los partidos que se erigen como alternativa a Sánchez aprovechan esta ambigüedad. Tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, solicitaron verse con Ecarri. El 11 de marzo, Casado se entrevistó con él. Dos días después lo hizo Rivera. Ambos le prometieron el estatus de embajador si llegaban al poder, según dice el representante de Guaidó: “Les expresamos nuestra gratitud por el apoyo al pueblo venezolano en todos estos años. Ellos nos confirmaron que somos los representantes legítimos del pueblo de Venezuela”.

Por parte del Ejecutivo, Ecarri se ha reunido varias veces con el secretario de Estado para Iberoamérica, con quien aborda asuntos de índole práctica, como la gestión de prestaciones de los venezolanos residentes en España y la búsqueda de una categoría que dé cobertura a los ciudadanos que huyen del régimen pero sin un claro perfil de refugiados. Más allá del Gobierno, en el PSOE Ecarri se ha entrevistado con el secretario de Política Internacional. El resto de formaciones no ha solicitado un encuentro con Ecarri, asegura este representante.

Fuente: El país

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