Las huelgas en Portugal no afectan al Gobierno

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La semana pasada fueron los taxistas y enfermeros, este lunes protestan los ferroviarios, policías y profesores. Este martes se manifestarán más funcionarios de la Administración Pública. El cerco al Gobierno socialista de varios sindicatos de trabajadores en vísperas de la aprobación de su último presupuesto de la legislatura parece, sin embargo, no socavar su popularidad, cercana al 40%.

Para el portugués, y especialmente el lisboeta, es imposible llevar esta semana una vida normal. No puede coger ni un billete de tren. Si tiene niños en una escuela pública, probablemente los pequeños no tengan clase. Los trabajadores de estos sectores piden aumentos salariales y, como ha dejado claro Ana Avoila, coordinadora del sindicato de la Administración Pública Frente Común, han escogido esta fecha “teniendo en cuenta que el Presupuesto del Estado va a discutirse en noviembre y aún hay condiciones para introducir alteraciones en la propuesta del Gobierno”. La mascletà final será el 27 de octubre, cuando está programada una huelga nacional de toda la función pública. Antes de ese día, habrá un goteo constante de paros de distintos sindicatos de funcionarios.

Este lunes ha tocado a los revisores de trenes y vendedores de billetes. Solo han funcionado el 40% de las líneas, según los sindicatos, y apenas se cubrieron los servicios mínimos. El 85% de las taquillas quedaron cerradas al público. Sus trabajadores exigen un aumento salarial y de personal. Según los sindicatos, al mediodía ya se habían suspendido 388 de los 560 trenes de toda la red ferroviaria lusa y la adhesión a la huelga era total.

El sector educativo también ha arrancado hoy con una huelga en las escuelas públicas en los distritos de Lisboa, Setúbal y Santarém, en el centro del país. El paro ha tenido un seguimiento del 75%, según los sindicatos. La lucha de los profesores comenzó en verano, cuando los paros llegaron a retrasar las notas finales de los alumnos. Las huelgas se extenderán por diferentes regiones y se sucederán cada día hasta el próximo viernes —Día Nacional del Profesor— culminando con una gran manifestación en Lisboa.

El sindicato mayoritario, Fenprof, exige que se compensen y reconozcan ahora los años en que se congeló el reconocimiento de la antigüedad a este colectivo debido a la crisis. Se trata de más de nueve años y el Gobierno luso solo quiere contabilizar 2,9 años. Esta reivindicación es la más ardua de todas. Su líder, Mário Nogueira, ha llegado a increpar en la calle al primer ministro, António Costa, para sacarle el tema ante las cámaras. El reconocimiento de esos nueve años descabalaría las cuentas del Estado con un gasto anual de más de 800 millones de euros, según el Gobierno (300 según los profesores), pero además alentaría a exigir el mismo trato a militares y otros colectivos públicos.

El PS lidera la intención de voto con el 39,9% (9 décimas más que hace un mes), mientras cae la oposición a su derecha, (PSD, 24,1%, tres puntos menos) y a su izquierda (Bloco, 7,8%, 1,7 puntos menos)

Las cuentas públicas están bien, pero como puntualizó Mário Centeno, ministro de Finanzas y del Eurogrupo, los presupuestos son para mejorar a todos, no solo a algunos. “No es posible poner en peligro la sustentabilidad de algo que afecta a todos por la contabilización del tiempo de servicio de los profesores”. Los enfermeros, por su parte, exigen una subida salarial, una mejora en la promoción de sus carreras y mayor refuerzo de personal. Ya se manifestaron en agosto y volverán a hacerlo este mes. El 19 de octubre han convocado una marcha en Lisboa por “la dignificación profesional”.

Los policías quieren lo suyo (y un tribunal ya se lo ha reconocido): el pago desde 2011 de los pluses que deben cobrar, pero también en el tiempo en que están de vacaciones.

Falta de apoyo popular

El rosario de huelgas no hace mella en la popularidad del Gobierno. Los huelguistas tampoco gozan de una gran simpatía ciudadana. El 69% de los portugueses se muestra en contra las reivindicaciones de los profesores. Además, un reciente informe de la OCDE ha recordado que un maestro de primaria luso gana más que un licenciado de Magisterio. A todo ello se añade que el funcionario portugués gana de media más que un empleado privado, trabaja menos horas, tiene más vacaciones y se jubila antes.

Con un histórico 6,8% de paro -el más bajo desde 2002- y las cuentas públicas mejores de lo previsto, el Gobierno socialista se siente con fuerza para lidiar las presiones de unos y de otros. Los taxistas se fueron a casa sin que la ley Uber se cambiara (el Ejecutivo pasó la pelota a los Ayuntamientos) y los funcionarios conseguirán alguna reivindicación, pero no todas. Mientras, el secretario general del Partido Comunista (PC), Jerónimo de Sousa, juega a dos bandas: dice que este Gobierno “es de derechas”, pero luego le da su voto para gobernar.

En el último sondeo de septiembre, el Partido Socialista lideraba la intención de voto con el 39,9% (9 décimas más que hace un mes), mientras caía la oposición a su derecha, (el Partido Social Demócrata obtenía el 24,1%, tres puntos menos) y a su izquierda (Bloco sacaba un 7,8%, 1,7 puntos menos).

Para el 15 de noviembre, el sindicato que mueve todos los hilos de los funcionarios, el CGTP (brazo laboral del PC) ha anunciado la “gran manifestación nacional” en la que pedirán aumentos por encima del 4% y un salario mínimo de 650 euros (está pactado en 600). “Es el momento de aumentar nuestra capacidad reivindicativa”, ha anunciado su secretario general, Arménio Carlos.

Por muy masiva que sea la marcha, solo la repetición de la tragedia forestal del pasado año (en la que se contabilizaron más de 500 incendios y hubo decenas de fallecidos) podría impedir una victoria del partido gubernamental en las elecciones de 2019. Y el Ejecutivo se ha cuidado muy mucho este verano (y este otoño caliente) de que los incendios se reduzcan a las reivindicaciones sindicales.



Fuente: El país

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